Denuncia COAG que en 2025, el 81 % del aceite de oliva tunecino que entró en nuestro país lo hizo por una vía que elude los controles del contingente europeo
La situación actual; precios en origen por debajo de la rentabilidad, entrada de aceite extracomunitario al margen de la cuota y opacidad en la trazabilidad, reúne los requisitos para que la Comisión Europea active los mecanismos de salvaguardia previstos en la normativa vigente y suspenda la entrada de aceite de Túnez
En 2025, de las más de 80.000 toneladas de aceite de oliva tunecino que entraron oficialmente en España según el portal de transparencia, apenas 14.500 lo hicieron por los cauces habituales. Las otras 65.500 (el 81% del total) accedieron al amparo de un régimen aduanero pensado para transformar y reexportar mercancías, no para abastecer el mercado interior. “El resultado: aceite extracomunitario que compite con el español sin las mismas reglas, a precios que los olivicultores de Jaén, Córdoba o Ciudad Real no pueden igualar porque están por debajo de sus costes”, ha afirmado Francisco Elvira, responsable del sector de olivar de COAG.
“Coges una botella de aceite de oliva en el súper. En la etiqueta pone “envasado en España” o “producto de la UE”. Puede que hasta lleve bandera. Lo que no pone (y legalmente se lo permiten) es que el aceite que hay dentro llegó de Túnez, entró en España por una vía que elude los aranceles ordinarios y en ningún momento fue contabilizado como importación extracomunitaria”, ha subrayado Elvira, que insiste en la necesidad de comprar el aceite en las cooperativas y almazaras de confianza y en que haya más controles para que esto no suceda.
El camino más discreto: la ruta portuguesa
Hay una segunda vía aún menos visible. Una parte del aceite tunecino no llega directamente a España: pasa primero por otros países europeos. Como puede ser el caso de Portugal, donde pierde su etiqueta de origen, y desde allí se reexporta hacia el mercado español. Las cifras aduaneras lo confirman: Portugal importó cuatro veces más aceite tunecino en 2024 que en 2023, pasó de 962 a 3.406 toneladas, y ese mismo año reexportó hacia España 131.877 toneladas de aceite, el 56% de todo lo que exporta. Portugal, que produce mucho menos de lo que vende al exterior, necesita abastecerse de algún sitio. Los datos dicen que parte de ese abastecimiento llega de Túnez.
El problema para el consumidor no es solo de precio. Es de información. Cuando el etiquetado no refleja el origen real del aceite, elegir de forma consciente entre un producto español y uno de procedencia incierta se convierte en algo prácticamente imposible.
Lo que COAG ha pedido al Ministerio de Agricultura
En un escrito dirigido al titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, COAG traslada cuatro peticiones concretas:
- Que el Ministerio comunique formalmente a la Comisión Europea su oposición a cualquier ampliación del contingente arancelario preferencial para el aceite tunecino.
- Que se active de forma inmediata las cláusulas de salvaguardia previstas en el Acuerdo Euromediterráneo UE-Túnez y en la normativa europea de mercados agrarios, con el objetivo de bloquear la entrada del aceite introducido al margen de la cuota.
- Que se refuercen los controles aduaneros y de trazabilidad para detectar y cortar las operaciones de triangulación a través de terceros países.
- Que el Ministerio informe periódicamente al sector de las actuaciones realizadas en relación con estas cuestiones.
La petición se apoya, entre otros instrumentos normativos, en el Reglamento (UE) 2015/478 sobre importaciones, en los artículos 219 y 221 del Reglamento (UE) 1308/2013 de la Organización Común de Mercados Agrarios, y en el propio Informe Especial 1/2026 del Tribunal de Cuentas Europeo, que ya identificó deficiencias en los controles de las importaciones comunitarias de aceite de oliva.
España es el primer productor mundial de aceite de oliva. COAG considera que la situación actual, desplome de precios en origen, entrada masiva de aceite extracomunitario al margen de la cuota y opacidad en la trazabilidad, reúne los requisitos para que la Comisión Europea active los mecanismos de salvaguardia previstos en la normativa vigente.