Estaba ensimismado en la redacción de una nueva entrada para la revista, que iba a basar en un antiguo libro sobre gastronomía, cuando el editor me sugiere este maravilloso tema del que les voy a hablar. El que suscribe ya publicó un tweet en 2018 sobre la primera denegación de marca que tuvo la empresa española que gestionaba hasta ahora la marca La Mafia se sienta a la mesa.

Aquel año 2018 marcó un antes y un después, cuando la justicia europea dejó claro que no se puede convertir el crimen organizado en un reclamo publicitario para disfrutar de una velada agradable. Lo que traslucía aquella sentencia era la idea de que usar un nombre que evoca miedo y violencia grave, junto con elementos amigables como una rosa roja o frases sobre compartir mesa, creaba una imagen «globalmente positiva» de una organización que atenta contra valores como la libertad.

Saltamos a febrero de 2026 y vemos que la percepción institucional no ha cambiado ni un milímetro. La Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, acaba de anular el registro nacional de esta marca, subrayando que la Mafia no es un fenómeno de película o un recuerdo literario, sino una realidad criminal que sigue actuando y causando un daño real hoy en día.

Esta resolución de 2026 nos recuerda que el derecho de marcas tiene límites éticos infranqueables. Aunque la empresa defendía que el nombre venía de un libro de recetas y que en España se veía como algo cinematográfico, las autoridades han respondido que el Estado no puede dar un «derecho de exclusiva» a un nombre que ofende la sensibilidad de la sociedad y trivializa el sufrimiento de las víctimas. En definitiva, la gastronomía es un espacio para el placer y la convivencia, y vincularla con redes de corrupción e intimidación es contrario a las buenas costumbres.

Este criterio de proteger la dignidad humana no es un hecho aislado, sino una tendencia firme de los organismos de registro. Recientemente, se ha denegado la marca Yakuza Wars porque una organización criminal no puede ser un gancho para vender productos de ocio. Del mismo modo, se rechazó el registro de la letra «Z» –símbolo de la invasión en Ucrania– por considerarse un desprecio a las víctimas de la guerra.

Incluso en temas de salud, los tribunales han sido implacables: se han prohibido marcas como Coronavirus o Covidiot, dictaminando que una tragedia mundial no debe ser objeto de lucro ni de mofa. Convertir un trauma colectivo en un entretenimiento banal se considera ofensivo para las familias que han sufrido.

Para entenderlo mejor en nuestro contexto, el paralelismo con una organización como ETA es inevitable. Al igual que ocurre con la Mafia, el registro de siglas que evocan terrorismo o bandas criminales locales está totalmente prohibido. El mensaje, tanto en 2018 como en 2026, es el mismo: el comercio y la buena mesa deben florecer bajo el respeto a la sensibilidad social, algo que estos signos, por mucho que se disfracen de marketing, nunca podrán representar.

Cuando se escriben estas líneas, el titular de la marca todavía tiene la posibilidad de interponer un recurso de alzada ante la dirección de la OEPM en el plazo de un mes. Sin embargo, viendo el panorama actual, este intento parece claramente abocado al fracaso.

La justicia ya fue contundente en 2018 a nivel europeo y lo ha vuelto a ser ahora en 2026, dejando claro que por mucho que se apele a la libertad de empresa o a la «ficción cinematográfica», el Estado no puede amparar marcas que trivializan el dolor o ensalzan organizaciones criminales. Con una tendencia institucional tan firme en proteger la dignidad humana por encima del marketing, todo apunta a que a

La Mafia no le va a quedar más remedio que levantarse de la mesa de registros oficiales de una vez por todas.