Los más viejos del lugar recordarán que a finales de los setenta se consolidaron en España los movimientos sindicales del campo como consecuencia de la apertura política derivada de la muerte del dictador, pero, más aún, por la lucha contra los injustos precios que los agricultores y ganaderos percibían por sus producciones. Las llamadas guerras del maíz o del tomate unieron a los productores en un grito que no ha dejado de oírse desde entonces y que cualquiera, en estos mismos días, reconocerá inmediatamente: precios justos.

Que cincuenta años después la reivindicación sea prácticamente la misma hace pensar, porque, evidentemente, las circunstancias no son iguales y el cambio que ha dado el sector agrario ha sido brutal… y hacia delante. Lo que no quiere decir que no tenga problemas y que estos no sean importantes. Ciertamente, la rentabilidad de la actividad agraria es uno de ellos.

Pero es muy probable que se equivoquen quienes creen que el tratado comercial que se acaba de firmar con Mercosur –y que el Parlamento Europeo todavía tiene que ratificar– va a empeorar las cosas. Baste recordar que tampoco en 1986 la entrada en la Comunidad Económica Europea tenía muchos entusiastas en un país que necesitaba insertarse en el comercio internacional como el comer.

Sin embargo, hoy, el comercio exterior agroalimentario –incluida la pesca– de España es una de las piezas clave de la economía nacional y de su crecimiento y es el que ofrece un superávit más alto entre los sectores industriales. Representa casi el 20 % de las exportaciones y poco más del 13 % de las importaciones, y supera, con amplio margen, la cifra conjunta de la industria del automóvil y las semimanufacturas, los dos sectores que le siguen.

Según el último informe anual del Ministerio de Agricultura –2024–, España es el cuarto exportador de mercancías agroalimentarias y pesqueras de la UE, con una cuota del 10,1 %, mayor que la de 2023, y una cifra total de 75 090 millones de euros, la mayor de la historia. El saldo comercial, positivo, se acercó a los 20 000 millones de euros, casi el 40 % del total de la Unión Europea, y entre 2015 y 2024 creció un 86,6 %.

Es decir, en términos generales, la entrada en la CEE, primero, y la participación de España en todos los tratados comerciales firmados por la UE desde entonces han sido incuestionablemente beneficiosas para el sector agroalimentario, que, como nos gusta decir, es uno de los más adelantados del mundo. Por tanto, oponerse a Mercosur de manera frontal y radical no parece ser el mejor negocio.

Aunque todavía está por ver, el acuerdo con Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina va a tener algunas consecuencias negativas para determinados subsectores, casi seguro, pero no es motivo para despreciar un tratado que lo que procura es más mercado para un sector que ya ha aprendido a manejarse muy bien en el mismo y que lo necesita para seguir creciendo.

Nadie ha dicho nunca que el mercado sea justo o que vender sea fácil, sino todo lo contrario. La posición de la agricultura y de la industria agroalimentaria españolas en el mundo se ha conseguido sufriendo, sin duda; y si algo es seguro es que solo se mantendrá sufriendo, pero los viejos del lugar saben que cuando estábamos fuera del mercado y los precios agrarios andaban intervenidos por el Estado aún se sufría más.

Aunque vivimos una época en la que todo lo que digamos puede saltar por los aires cinco minutos después de haberlo pronunciado, de momento, el camino no está en quitar de en medio al competidor, sino en sacudirse el miedo a competir. Y lo sabemos hacer.