No va a entrar uno en los problemas internos de los partidos, ni hacer leña del árbol caído, en este caso la directora general de Turismo. Pero sí mueve a reflexión unas palabras de Elena Allué antes de su caída, alegando en algunas declaraciones que «he dado respuesta a la gestión en el gobierno y no creo que tengan razones para poder cesarme». Como si su cargo no tuviera carga política, que la tiene.
Los directores generales son nombrados por el Consejo de Gobierno, ergo son políticos. Para serlo no es necesaria una potente cualificación técnica, por más que venga bien, pues se entiende que la Administración ya cuenta con los funcionarios especializados necesarios.
Quiérese decir que desde las direcciones generales —y aquí mucho más— se hace política. Pues política es primar el turismo de nieve o el cultural; elegir entre destinos masificados o dispersión en el mundo rural; auspiciar el pequeño turismo rural familiar o los hoteles de cadena siempre iguales a sí mismos; promocionar la gastronomía y los productos locales o los industriales y globalizados. Amén de orientar el destino de las subvenciones, apoyar económicamente en momentos difíciles —léase la pandemia— o elegir las imágenes y campañas publicitarias que promocionan nuestro turismo. Sin olvidar las pertinentes legislaciones que determinan el futuro de nuestra hostelería y turismo.
De ahí que no sea baladí la ideología —la poca que va quedando— de quien ostenta el cargo, así como las orientaciones de su partido. ¿Se hubiera hecho lo mismo desde una dirección general en manos de Podemos? ¿O de Vox?
Más allá de los consensos de gobierno —y este de coalición es un buen ejemplo— cada partido trata de diferenciarse en sus políticas concretas.
De eso se trata. No de juzgar la gestión, y las políticas, de una determinada directora general, sino de entender que debían responder a un determinado modelo… que quizá ya no esté vigente.
